Pidieron la detención de un sacerdote acusado de abusar de una alumna de un colegio platense
Raúl Anatoly Sidders era docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl de la ciudad de La Plata.
Raúl Anatoly Sidders, quien fue docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl de La Plata es investigado por el fiscal Álvaro Garganta, quien pidió la detención del cura por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante
La fiscalía penal de La Plata solicitó este jueves la detención de un sacerdote que se desempeñaba como docente y confesor en un colegio privado de la capital bonaerense acusado de abusar sexualmente de una alumna del establecimiento.
Raúl Anatoly Sidders fue docente y sacerdote del colegio platense San Vicente de Paúl y en mayo último fue trasladado a Misiones, donde aguarda ser nombrado capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú.
El sacerdote es investigado por el fiscal Álvaro Garganta, quien este jueves pidió la detención del cura por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de realización doblemente agravado contra una mujer que denunció haber sido abusada por el sacerdote entre el 2004 y el 2008, cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años y asistía a dicho establecimiento.
De acuerdo a lo que consta en el pedido de detención del sacerdote, al que accedió Télam, el sacerdote abusó de la menor que en ese entonces tenía 11 años “a quien hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto. Situaciones que acaecía en el patio de la institución y durante los recreos que provocaron un grave daño en la salud mental de la niña”.
“Asimismo y en las habituales ocasiones en las que le recibía el sacramento de confesión corrompió a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre cómo masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones sexuales con acceso carnal con su novio”, precisó el fiscal en su escrito.
Álvaro Garganta remarcó que la medida coercitiva se solicita por la elevada pena en abstracto y porque su zona de residencia es fronteriza, advirtiendo entonces que hay “elementos suficientes para sostener el riesgo de fuga del mismo en caso de ser hallado culpable” el sacerdote Sidders.
La mujer que hizo la denuncia contó que el cura empezó a acosarla a los 11 años. “En invierno, delante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección”, relató la joven a Prensa Obrera.
Además relató que el sacerdote, durante la confesión, “me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”.
Cabe destacar que veinte días atrás, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa en la que se investigaba a otros dos sacerdotes y a un profesor de informática por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de La Plata.
Los investigados eran los curas Nicola Corradi, detenido en Mendoza por delitos similares cometidos en el Próvolo de esa provincia; Eliseo Primati, quien fue localizado en un asilo en Italia y cuya extradición se había pedido; y José Brítez, profesor de informática del Instituto Próvolo, ubicado en las calles 25 y 47 de la ciudad de La Plata.
Según la investigación fiscal penal, los tres hombres abusaron de al menos 5 niños hipoacúsicos internados en ese establecimiento a los que además golpeaban, imponían fuertes penitencias y sometían a servidumbre.
La medida fue resuelta por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, al afirmar que “en el presente caso no opera la exclusión de prescripción”.
En el fallo, que lleva la firma de los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, el Tribunal aludió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando aseguró que en los delitos comunes, “como ocurre en el presente, la prescripción es una garantía que debe ser observada debidamente” y recordó que los hechos que se investigaron ocurrieron entre 1982 y 1991.
La Sala se expidió así ante un hábeas corpus presentado por la defensa de Brítez. Una fuente judicial precisó que “queda la vía recursiva por parte del fiscal de Casación para ir ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense” y apelar la prescripción de la causa, que en la práctica desvincula a los acusados de los hechos investigados.